Las Leyes de Transparencia del gobierno mexicano reflejan la falta de comprensión del problema de corrupción que arrasa cada puesto de servicio público en el país y lo alejado de la realidad para la sociedad mexicana. En un país cuya pobreza extrema alcanza ya 50 millones de habitantes, donde la aristocracia, la clase política, y el crimen organizado han secuestrado las instituciones del Estado, la solución comprende:

a) El Cambio Total de la Infraestructura de la Administración Pública centralizada, por una simplificada y descentralizada donde los estados, municipios y poblaciones adquieran soberanía, autonomía local e interdependencia regional, bajo la capacitación, supervisión, y evaluación temporal del Estado a fin de asegurar modernidad tecnológica, homogeneidad operativa, estandarización administrativa y eliminar regulaciones obsoletas.

b) La Reforma de la Gestión Municipal (organización, funcionamiento, áreas de operación, recursos humanos, etc.), principalmente dirigida a la eficacia y eficiencia económica; dando énfasis al desarrollo de unidades locales más grandes y viables que se acomoden mejor a los propósitos del desarrollo económico y la distribución del servicio público (proceso que requerirá tiempo, esfuerzo y capacitación constante).

c) La Capacitación y Certificación Permanente y programada a los consejos o comités de participación ciudadana sobre:

 

1) la simplificación legal,

​

2) los déficit presupuestarios iniciales en relación a la escasez de recursos, el recorte en la gestión, la eficiencia administrativa y las políticas de rigor económico; comenzando por los municipios y los estados, hasta su extensión federal en el país para reducir la complejidad burocrática y consolidar la simplificación administrativa.

 

d) La Reforma Hacendaría que prevé un impuesto único como corrector de los sistemas tributarios, y como recuperador expedito de ingresos; así como la derogación paulatina de impuestos sobre la renta―que afectan a los más necesitados―, publicación actualizada, periódica y transparente de la programación de ingresos y egresos de todo sujeto del servicio público.

e) La Confección Estructural Municipal permanente y flexible del sector público local como reconsideración del núcleo de las tareas públicas municipales, estatales y federales.

f) La Publicación de Declaraciones Patrimoniales:

1) como requisito para obtener y/o cambiar un cargo publico;

 

2) programadas para la rendición de cuentas de todo servidor publico al fin de cada año de servicio, bajo el escrutinio de la autoridad competente; así como

 

3) la suspensión, revocación, inhabilitación permanente o procedimiento legal o administrativo del servidor público a la par los privilegios constitutivos del mismo para quienes incumplan los tiempos y formas prescritos.

g) Legislación sobre la Malversación de Fondos Públicos para la inmediata recuperación o garantía para recuperación de los fondos públicos sustraídos por parte de servidores públicos como delito grave; con severa sanción como la destitución vitalicia y cárcel ejemplar, para todo servidor publico que malverse fondos públicos.
 

h) Auditoria Estructurada, Programada y Publicada de cada una de las instituciones financieras nacionales, estatales y municipales a fin de negociar la recuperación de la deuda privada convertida en pública.

i) Reforma Constitucional para la Presentación y  Procesamiento Judicial y Penal de Todo Servidor Público que incurra en faltas, delitos y/o crimines  de ejecución intelectual, participación, complicidad, etc., sin importar su nivel o cargo en el servicio público, ni consideración al afuero de protección política.

​

​

​

​

​